Recurso de amparo, el nuevo deporte nacional

El reciente episodio del intento de acabar con la construcción del Estadio Nacional patrocinado por el gobierno de China, por parte de un “grupo de eminentes ciudadanos”, ha hecho saltar las alarmas entre la ciudadanía respecto de lo fácil –y barato– que es echar por tierra cualquier proyecto en este país. Para ello solo hace falta presentar un recurso de amparo ante la Sala Constitucional o Sala IV.

No obstante, este dichosamente fallido episodio no es, ni mucho menos, un tema excepcional o que requiera la concurrencia de un “grupo de eminentes ciudadanos”.

Más bien, la presentación de recursos de amparo por cualquier motivo, especialmente para detener la ejecución de algún proyecto que molesta a alguien, se está convirtiendo en una suerte de deporte nacional.

Hace unas semanas, un conocido que se encuentra en los estertores de su carrera universitaria de Derecho en la UCR, me comentaba que, con motivo del desarrollo del proyecto de trabajo comunal, obligatorio para graduarse, se dirigió a conocer las actividades de un grupo de estudiantes organizados para tal fin. Entre consignas bolivarianas, los jóvenes desvelaron que su dedicación comunal se dirige a ayudar a diversas comunidades a presentar recursos de amparo con el fin de paralizar proyectos de inversión en el entorno de aquellas.

Desde desarrollos inmobiliarios a plantaciones de piña, pasando por proyectos turísticos –¡qué gran enemigo de las comunidades es el turismo!–, la dedicación comunitaria de nuestros jóvenes en ciernes de ser licenciados universitarios consiste en el asedio a la iniciativa empresarial. Todo bajo sede y amparo de la intocable Academia, cuya autonomía me imagino que impide la sustanciación de cualquier intento por evitar este tipo de actividades, rayanas, a todas luces, con el terrorismo legal que tan fervientemente defienden los enemigos de las mayorías democráticas.

Este asunto demuestra dos cosas. La primera es que, si un grupo, no ya de “eminentes ciudadanos”, sino de mentes en proceso de maduración, jaleadas desde los púlpitos de la pseudointelectualidad de izquierdas de este país, puede paralizar proyectos a punta de recursos de amparo, ¿qué no podrá hacer un abogado con cierto bagaje profesional en materia constitucional?

La segunda y más importante es la gratuidad, o falta de responsabilidad, asociada a la presentación de recursos de amparo “por deporte”. Esa es la clave del asunto. Para paralizar un proyecto de 72 millones de dólares, como es el Estadio Nacional, el “grupo de eminentes ciudadanos” solo necesitaron escribir una cuantas líneas –probablemente tengan el machote y solo haya que sustituir Acueducto Sardinal por Estadio Nacional, por ejemplo– en un procesador de texto.

Por fortuna, en este caso, el atraso del proyecto ha sido tan solo de unos días, pero esta no es la tónica general, sobre todo dado el atasco que la Sala IV tiene merced a esta nueva moda de presentar recursos de amparo para todo. ¿Cuál hubiese sido el costo económico de tener durante meses o años paralizada esta construcción? Voy más allá, ¿quién se hubiese hecho cargo de ese costo una vez que el tribunal competente hubiese dictaminado? Mucho me temo que los “eminentes ciudadanos” que presentaron el recurso, no. ¿No sería razonable que los reclamantes tuviesen, como mínimo, que responder económicamente por el posible daño causado?

De otra forma, aquí el único que corre algún riesgo con un recurso de amparo es el demandado. El demandante, tenga o no razón, se dilucide el asunto a su favor o en su contra, no tiene absolutamente nada que perder. Así cualquiera.

Publicado en La Nación de Costa Rica el 22 de octubre.